MarioFIAD

Si habitualmente uno puede pensar que el fin no justifica los medios, con mayor razón en este caso, en donde con los medios que prevee esta Ley no se van a alcanzar los fines que se declaran como objeto del Proyecto.

La enorme delegación de facultades que se hace al Ejecutivo, nos hace preguntarnos si es necesario que hagamos competir a la República con la economía.

¿Es necesario que sacrifiquemos la división de poderes para resolver los problemas que tenemos? La respuesta definitivamente es no.

La división de poderes, el debate público, el respeto por la institucionalidad, tienen que ser la columna vertebral de cualquier política pública y de la toma de decisiones.

Voy a referirme específicamente a la Emergencia Sanitaria, que se suma a la banalización del término que hemos hecho en una Argentina que pareciera estar siempre en la sala de terapia intensiva de algún Hospital.

El tema es si la Argentina está en terapia intensiva, que vive de Emergencia porque verdaderamente estamos en una situación de crisis insostenible que requiere de mecanismos de gestión ultra rápidos que justifiquen la amplísima delegación de facultades que estamos haciendo por esta ley.

O bien, si estamos en terapia intensiva porque hace años que no nos decidimos a visibilizar la salud y ponerla en la agenda como un tema prioritario, con reformas estructurales que requiere el sistema de salud para avanzar en un proceso en equidad.

Ya llevamos 17 años de Emergencia Sanitaria.

Los artículos que en el Proyecto se refieren a la Emergencia Sanitaria, no hacen más que continuar con lo que ya se viene haciendo desde el año 2002:
- el Programa Médico Obligatorio,
- de diferimientos del pago de las contribuciones patronales,
- el Programa de medicamentos esenciales,
- de la exención de tasas aduaneras para un listado específico de medicamentos e insumos.

Todo esto que aquí se indica está vigente, y claramente aun cuando está vigente, no nos ha permitido superar las inequidades que se presentan en un sistema altamente que está fragmentado, está altamente segmentado, que no va a resolverse con esta Ley.

Claramente la solución no es por aquí.

Lo que no está vigente y que por esta Ley se otorga como facultad al Ejecutivo es la amplia capacidad de elegir los medios para las contrataciones que realice a través del Ministerio de Salud.

Y la verdad, que si queremos optimizar los mecanismos, hay seleccionar a los más adecuados, hay que ver las ofertas más convenientes, es muy bueno que estos procesos se enmarquen en los procedimientos previstos para la contratación del Estado.

Es decir, podemos hacerlo bien y podemos hacerlo rápido.

Este Proyecto en cuanto a la Emergencia Sanitaria contiene una serie de artículos que no deberían enmarcarse en una Ley de Emergencia, sino trabajarse aparte, en el marco de una política sanitaria integral para el sector salud, que genere y articule espacios de discusión intersectoriales e interjurisdiccionales, con amplio debate, en procesos deliberativos de construcción, que busquen los consensos necesarios.

Pero esta Ley de Emergencia no es el lugar.

Aquí se decide que se convocará nuevamente al Consejo Consultivo, que celebro ya que es un órgano participativo y tiene más de veinte representaciones de distintos organismos y asociaciones, pero no es una herramienta para la Emergencia.

Tampoco es una herramienta de la Emergencia, el instruir al Ministro de Salud para que en el ámbito del COFESA (Consejo Federal de Salud), desarrolle un Plan Federal de Salud que supere la fragmentación del sistema y garantice la equidad como dice el Proyecto venido en revisión.

Parece una ingenuidad, pensar que con este artículo se resuelve un problema que tenemos desde hace años, y que requiere no una orden del Ejecutivo a su ministro del área, sino un dialogo abierto y participativo a través del COFESA, con la participación de todos los sectores y del COFELESA (Consejo Federal de Legisladores de Salud), que este año hemos reactivado después de años de no reunirse y que constituye una herramienta central para armonizar la legislación sanitaria de todo el país.

Priorizar la salud supone un proceso que resulte de una voluntad política, que tenga la firme decisión de instalar a la salud de nuestra población en la agenda pública, como un tema central, pero no por el año que dure la declaración de la emergencia, sino para siempre, porque eso nos permitirá
- lograr la integración del sistema,
- definir los ejes de la política sanitaria,
- formar los recursos humanos acorde a las prioridades,
- generar políticas públicas que efectivamente pongan el acento en la atención primaria de la salud,
- promover los desarrollos de tecnología necesarios para facilitar el acceso,
- superar la segregación social y territorial del sistema,
- ocuparnos de los determinantes de la salud,
- crear finalmente la Agencia de evaluación de tecnologías sanitarias,
- ocuparnos de las problemáticas de salud de las diferentes franjas etarias,
- entre otros muchos temas en los que debemos trabajar.

Yo celebro que la salud aparezca como una prioridad y que tenga una visibilidad aunque sea en el tratamiento de esta Ley de Emergencia.

Porque así necesitamos que lo sea, pero necesitamos recorrer estos caminos del dialogo y la institucionalidad para resolver los problemas de fondo.

Y soy el primero que pongo mi compromiso de trabajo en el tema, porque es lo que vengo haciendo desde que elegí ser un trabajador de la salud, y así se lo dije al Ministro actual de Salud, Ginés Mario González García.

No tenemos que surfear los problemas de manera desarticulada y errática, vamos a resolver los problemas de fondo, pero no con una Ley de Emergencia, sino sentándonos a pensar la salud
- en términos de derecho humano fundamental,
- en términos de la salud como bien social,
- de ciudadanía sanitaria con perspectiva de bien común,
- de solidaridad y de equidad.

Insisto PODEMOS HACERLO RAPIDO Y HACERLO BIEN, pero no le hagamos pagar un precio extra a la República.

MARIO FIAD