Opinión - Enfoque
El proyecto de interrupción del embarazo nos atraviesa como sociedad
Senado de la Nación, CABA, 03 de Julio de 2018
Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado de la Nación –como Cámara revisora- está por comenzar el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Como se sabe, estamos frente a una iniciativa que nos atraviesa como sociedad, que nos interpela respecto de situaciones dramáticas y de vulnerabilidad, y que compromete el derecho primero y fundamental que es, el derecho a la vida.
En este proceso nos abocaremos a analizar el texto enviado por la Cámara de origen y no a reeditar los amplios debates que ya se dieron en ella, porque el Senado no está abordando el tema en general sino que debe pronunciarse sobre el texto en cuestión que, si se aprueba, se convertirá en ley de la Nación. Por ello es que debemos extremar los recaudos para que la responsabilidad, la reflexión, y las razones y argumentos -y no las emociones- sean el móvil de las decisiones. Los senadores estaremos legislando para los millones de argentinos de hoy, pero también para los de mañana. Desde mi perspectiva, el proyecto aprobado por Diputados no debe convertirse en ley porque, los argentinos, consagramos el derecho a la vida desde la concepción a través de una amplia gama de normas legales, constitucionales y convencionales. Es por esto que no se entiende cómo podríamos reclamar válidamente el reconocimiento de otros derechos y su ejercicio, si condicionamos el derecho a la vida con interpretaciones que nos llevan a definir tiempos de protección, estándares y condicionamientos. En este sentido, el proyecto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Sin embargo, en otros artículos del mismo se permite realizar la práctica después de dicho momento, y sin límite de tiempo, aduciendo un posible riesgo para la salud de la madre, entendiendo por salud la definición que proporciona la Organización Mundial de la Salud: “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esto genera un gris respecto a los tiempos que es muy preocupante, ya que podemos estar hablando de interrumpir un embarazo muy avanzado. Por otra parte, me preocupa la responsabilidad de los equipos de salud y la debilidad que enmarca la objeción de conciencia, como así también la prohibición de hacerlo de manera institucional. Cientos de hospitales, clínicas y médicos a lo largo del país expresaron su rechazo a este proyecto y a tener la obligación de realizar estas prácticas. A ello se suma la tipificación de un nuevo delito que sanciona al médico por “dilatar injustificadamente” la realización de la práctica, con términos imprecisos que pueden dar lugar a criterios dispares y confusiones. Asimismo me preocupa el quiebre que se produce en la relación médico paciente, cuando se impide al médico efectuar consideraciones de carácter axiológico y se le impone la obligación de proporcionar una información aséptica en una relación deshumanizada, la que seguramente estará atravesada por el temor legal. En otro orden de cosas, el texto desconoce realidades provinciales y avanza sobre competencias locales. La salud no es una competencia que haya sido delegada a la Nación, por lo cual, en lo que se refiere a las prestaciones y las condiciones de su realización, son cuestiones que deben resolverse en el nivel local. Pero quizás el mayor conflicto que presenta es la inexcusable contradicción con la que nace, al invocar el derecho a la vida para habilitar la elección de quienes pueden ser sus merecedores. Finalmente, el tema nos interpela fuertemente desde las políticas que no implementamos, de las soluciones y respuestas que no proporcionamos, de las herramientas de prevención que faltaron, porque el objetivo no debe ser interrumpir el embarazo, nuestra aspiración debe ser llegar antes, resolviendo las condiciones de vida de la mujer promoviendo su dignidad y sus derechos. No empecemos por las consecuencias, ocupémonos de las causas. Hoy, el Senado de la Nación tiene que saber que el tema es mucho más que una cuestión de salud pública, y que por ello mismo, los fundamentos de una decisión, no pueden anclarse solamente en la salud pública. El tema es una cuestión de vida y si hoy no lo pensamos así, estaremos comprometiendo todos los derechos que se derivan de ese primero y fundamental. Finalmente deseo señalar que la posición que sostengo y que voy a defender, no afectará en modo alguno el respeto profundo con el que voy a conducir el debate en el plenario de las Comisiones a partir del próximo martes, porque garantizar las voces diferentes es mi compromiso con la democracia.